Orbenismo

Hoy os traemos una Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril pasado digna de atención ( STS 1940/2026 ). Veamos en primer lugar la doctrina casaciones que se establece (FJ.8.8º): " En las actuaciones sobre el medio urbano ordenadas a través de un instrumento de planeamiento urbanístico resulta preceptivo siempre incluir en dicho instrumento la memoria de viabilidad económica prevista en el artículo 22.5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana ". " Dicha memoria [de la actuación sobre el medio urbano] deberá incluir los datos y elementos que sean necesarios en relación con las determinaciones de la norma urbanística de que se trate para poder efectuar, razonablemente, una estimación aproximada del impacto económico que, en su caso, podría tener la aprobación de la citada norma reglamentaria ".  " En los supuestos en que la actuación urbanística no exija t...

  La reciente STS 1597/2026 sobre el Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) del municipio de Verín (Ourense), figura transitoria hasta la adaptación del PGOU a la Ley 2/2016 del suelo de Galicia, nos lleva a tratar nuevamente el tema de la vinculación de los informes sectoriales y la nulidad de los instrumentos de ordenación. Dicho lo cual y de manera simplificada, el caso se describe de la siguiente manera: El Ayuntamiento aprueba el IOP. La Consejería impugna en vía contenciosa por la falta de acreditación de los recursos hídricos suficientes y la desatención a los condicionantes impuestos con la Confederación Hidrográfica del Duero. EL TSJG anula el IOP. El Ayuntamiento recurre en casación para determinar si: (i) un instrumento de ordenación urbanística provisional que rescata las previsiones contenidas en un instrumento de planificación general anterior comporta nuevas demandas de recursos hídricos, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.4 del TRLA, cuando se h...

Otra de las novedades que trae consigo la Ley de Medidas Urgentes  en clave de agilización  es la unificación de los informes sectoriales y de autorizaciones de las administraciones vascas. Así, en línea con la idea ya considerada tanto en el Proyecto de Ley como en la Proposición de Ley para modificar el TRLSR (DA14), la LMU incluye una Disposición adicional segunda que establece que: “1. La solicitud de informes sectoriales y autorizaciones en lo que se refieran a sus organismos dependientes se dirigirán al Gobierno Vasco o las diputaciones forales, que emitirán un informe único, cuyo plazo de emisión será igual al de más duración de las autorizaciones o informes concernidos. 2. Cuando el procedimiento se refiera a ámbitos de planeamiento, unidades de ejecución o a proyectos de edificación con edificabilidad residencial protegida, este plazo será de un mes. En estos casos, la falta de emisión del informe o autorización en el plazo indicado equivale al informe favorable y ...

La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo (LPAC) establece que las  solicitudes de la ciudadanía deben ser resueltas y notificadas en el plazo de  tres meses (una disposición legal puede establecer un plazo mayor sin que supere los 6 meses). La realidad de la práctica urbanística esta lejos de esos plazos. Son numerosas las causas de esa disociación entre la norma legal y la realidad pero una cuota alta de responsabilidad de la elongación de los plazos son, precisamente, los informes sectoriales preceptivos, una parte importante de los cuales proviene del mismo legislador que establece el plazo de tres meses. La legislación estatal ha establecido la regla general del silencio positivo. En materia de licencias urbanísticas, el Tribunal Supremo, interpretando los antiguos arts. 242.6 TRLS92 y 8.1.b TRLS08 estableció que no pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la ordenación territorial o urbanística ( STS 437/200...