¿Por qué necesitamos que haya VPP en venta además de en alquiler?
En la actualidad hay dos
conceptos que están en boca de todos los medios de comunicación, son la
sostenibilidad y la vivienda, y sobre los cuales existe un consenso
generalizado sobre su necesidad. El problema, como decía la canción de Mecano, “viene después”, con los adjetivos, su significado y sobre todo con sus
efectos, mayormente, diferidos y que, a base de ocultarlos, contribuyen a tomar
decisiones a ciegas o no tanto.
En cuanto al primer
término, la sostenibilidad, tendemos a identificarla exclusivamente con lo
ambiental y justamente dicha visión miope resulta ser ajena a su origen y
realidad. La sostenibilidad es la introducción del factor tiempo en la ecuación
de las decisiones que afectarán en el futuro. Un tiempo que se plasma de manera
poliédrica e interconectada en lo físico, en lo social, en lo económico y, por supuesto, en lo
ambiental.
En este caso, queremos
llamar la atención, una vez más sobre una de las patas de la sostenibilidad, la
económica. Nos queremos fijar en los términos que se expresa el TRLSR y que no
es otra cuestión que la consideración de los impactos que puede ocasionar una
actuación y/o política en las Haciendas Públicas afectadas por la
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta
en marcha y la prestación de los servicios resultantes (TRLSR 22.4).
En cuanto a la vivienda,
sin perjuicio de la aparentemente deseable vivienda asequible a los ojos de la
Unión Europea (LVIVe 3.g, 17 y 25), nuestra realidad de impulso público se sustancia en la
Vivienda de Protección Pública, en todas sus distintas modalidades. Y aquí el
dilema se plantea en la gran dualidad, en venta o en alquiler.
Ahora el mantra,
siquiera forzado por las Leyes de Vivienda, es su destino al alquiler. Pero
es aquí donde debemos anudar la determinación de la provisión de vivienda con
la primera, la sostenibilidad económica, el análisis de los impactos económicos
a corto, medio y largo plazo sobre las Haciendas Públicas ¿Hemos hecho esa
reflexión? ¿La queremos hacer?
Los aspectos económicos de la vivienda no pueden examinarse prescindiendo de la urbanización circundante (urbanización, prestación de servicios y mantenimiento y reurbanización) pero, por esta vez y en aras a la facilitar el análisis vamos a orillar este componente.
Quedémonos en la pura
esfera de la edificación. ¿Cuáles son los impactos de un acceso a la vivienda
en términos de alquiler público en términos de la sostenibilidad económica?
En el marco de la
estricta edificación podemos distinguir 4 etapas en las que concurren impactos
económicos del gasto público: 1) La construcción, 2) los servicios prestados, 3)
el mantenimiento y conservación del inmueble y 4) el fin de ciclo de vida. Es
curioso, pero frente a la noción general, son las etapas 2, 3 y 4 las que
concentran el mayor gasto, incluso más que el de la primera etapa, si
consideramos un plazo de análisis más allá de los 10 primeros años desde la
recepción de la obra, pongamos un intervalo mínimo entre 10 y 50 años ¿Hasta la
primera ITE/IEE os parece bien?
Por otro lado, tenemos los
ingresos (de alquileres), que ya sabemos que se encuentran disociados siquiera
del coste efectivo (ese que debe definir el precio o tasa pública).
¿Cuál es el impacto
sobre las Haciendas Públicas de esta dinámica, máxime cuando el incremento de
unidades resulta ser creciente o pretende serlo? Es posible que a nadie
interese la respuesta, sin duda incomoda. Pero basta echar un vistazo a los
datos objetivos, al menos de los últimos 10 años.
Si observamos las gráficas, el gasto público absoluto y actualizado es progresivamente creciente, lo mismo que si analizamos el gasto por unidad de vivienda ¿podemos considerar que esta tendencia será creciente? ¿Significa eso que es sostenible?
La respuesta no debe
implicar dejar de hacer VPP en alquiler. Pero frente a políticas de 0% o 100%,
entendemos que se necesita análisis, mesura y visión a largo plazo. VPP en
alquiler sí, pero con sostenibilidad y sin desdeñar la VPP en venta, que por otro
lado permite: 1) recuperar gran parte de los recursos de la etapa 1 para seguir
desplegando las políticas de vivienda, 2) repercutir los costes de servicios,
mantenimiento y conservación a sus beneficiarios como es justo y 3) no provocar
una descapitalización de las haciendas locales por falta de ingresos
tributarios para mantener el medio urbano (lo sentimos, no nos hemos podido
resistir).
En resumen, se trata, como dice la definición Brundtland, satisfacer “las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”, en este caso, los recursos de vivienda, los del medio urbano y no mermar los ingresos públicos, que implique detraerlos de otras políticas públicas.
Comentarios
Publicar un comentario