La falsa regeneración urbana y cierto dialogo social

Los desenfocados procesos participativos.

Son deseducadoras porque:

No son pocos los estudios que han abordado la regeneración urbana y sus procesos de participación, pero es posible que pese a la plasticidad terminológica y lo trufado de conceptos que se utilizan (aquí suelo urbano consolidado, allá actuaciones de transformación urbanística o ausencia de beneficios económicos, etc.), son pocos los que han resultado honestos con lo que implica la actuación sobre el medio urbano de regeneración y renovación, en su caso integrada, y eso condiciona el objeto, el proceso, las determinaciones y el resultado. Ya podemos adelantar que gran parte de esos procesos devienen en soluciones deseducadoras e insostenibles en sentido propio y al menos desde la perspectiva urbanística. Veamos por qué.

Son deseducadoras porque:

• Sitúan a la propiedad y a la persona propietaria en un plano de ajenidad al medio en el que se ubica, que lo caracteriza y le da valor. Es la urbanización y las dotaciones públicas lo que crea ciudad y valor para las propiedades privadas (que son las mayoritarias).


• Igualmente, prescinden del derecho y especialmente de las obligaciones y deberes de la propiedad (concretos y cuantitativamente establecidos), como si la ley fuera transaccionable o negociable por unos pocos, aunque sus objetivos puedan ser loables en algunos casos realmente excepcionales.


• Tratan de anular el régimen estatutario de la propiedad, prescinden de la ligazón de lo privado con lo público y del suelo con el vuelo, que precisamente ha sido el gran valor que se ha ido consiguiendo hasta alcanzar el modelo urbanístico vigente, lo cual solo puede tildarse de contraparadigmático y de contrareformista.


• Niegan la revalorización implícita de todos los bienes inmobiliarios que se produce en todo proceso de mejora, recuperación y adecuación urbana, dejando que los propietarios capitalicen sin contraprestación dichas inversiones públicas.


• Son insolidarias porque confunden el interés general con el interés colectivo (que no deja de ser el interés de unos pocos individuos agregados, siquiera a escala de barrio).


• Tratan de subvertir el sistema democrático de representación política que nos tenemos dado, que con sus imperfecciones resulta ser el mejor de todos los existentes ¿Quién son unos ciudadanos de un barrio para determinar que se hace con el mismo? ¿Acaso es suyo? ¿No es una cuestión de todos los ciudadanos del municipio? (obsérvese el paralelismo con el planeamiento, la cuantificación residencial y la ordenación del territorio ¿Puede un municipio decidir cuántas viviendas puede calificar o solo dentro de la horquilla legal que se establece en el instrumento de ordenación territorial superior?).


• Viven en la quimera de que esos ciudadanos van a contribuir con recursos particulares y privados para el beneficio general de manera voluntaria ¿Desde cuándo se puede hacer una consulta ciudadana sobre los deberes e impuestos? Ya sabemos el resultado salvo que manipulemos la pregunta ¿no?

Son insostenibles porque:

• Generan unos saldos negativos para la comunidad (las administraciones públicas) con una constante socialización de cargas/deberes, so pretexto de una falta de equidad y presunta redistribución de la riqueza, sin percatarse de los manifiestos efectos de segunda ronda que se generan.


• Si no existieron recursos públicos para “crear ciudad” (bajo el modelo urbanístico clásico LS56-LRSV98) ¿Quién puede garantizar que habrá recursos públicos para recuperar, mantener, redotar, reurbanizar y reponer la ciudad de manera generalizada y progresiva? Ergo…


• Tratan de huir de los procesos urbanísticos y sus regímenes, que son la única garantía sostenible de acceso a la urbanización y las dotaciones públicas para TODAS y TODOS, que fueron pagados por los primeros propietarios, que han sido capitalizados por los sucesivos y que deberán ser sufragados por todas las personas propietarias (quitémonos de una vez el velo y afrontemos la realidad).

¿En qué consisten estos procesos de “regeneración urbana y dialogo social”?

• En una socialización de deberes en beneficio de unos pocos, eso sí, muy participativos.


• En una alteración del juego democrático y de respeto al marco legal vigente.


• En un supuesto empoderamiento ciudadano ¿Para qué? ¿Para victimizarlos y que así exijan inversiones públicas?


• En generar un listado de agravios históricos y territoriales, así como la definición de presuntas deudas para con ellos.


• En que como en el juego del trile, se destinen recursos públicos sin que las personas propietarias tengan que verse afectados ni exigidos en su patrimonio, ni que existan verdaderos objetivos colectivos que alteren los modos habituales de comportamiento para con la ciudad (no solo hay el “Derecho a la ciudad”, sino también el “Deber individual para con la ciudad”).


• A que consiguientemente haya una patrimonialización de pingües beneficios por mejora del conjunto, pero que la comunidad no participe de dichas plusvalías, ni que esas personas beneficiadas tengan que soportar carga alguna.


• A que se altere o prescinda de los métodos y reglas que nos tenemos dadas para resolver nuestras diferencias (La ley y el derecho fundamentalmente). Que si son muy complejos..., que si como les vamos a decir eso (la verdad)... y que entonces no hay forma…


• A no poder exigir deber colectivo alguno a los propietarios beneficiados, porque, claro, es suelo urbano consolidado (aunque eso ya dé lo mismo, porque la clasificación no configura el derecho de propiedad ¿verdad?).


• A la deformación conceptual y terminológica del ODS 11, donde se lee lo que se quiere leer.


• Y a garantizar la inextensibilidad e irreplicabilidad del proceso, porque no hay ni habrá recursos públicos suficientes para acometer el objetivo, ni aun cuando se persiga un incremento tributario que aumente la cesta de tributos (que va a ser que no).

¿A dónde nos lleva todo esto?

A procesos vinculados a falsas actuaciones de regeneración urbana (trufadas de palabros) condenadas a morir en la orilla, porque no se plantea la condición a apriorística básica, que son esos los propietarios los que tienen que pagar los costes de esa actuación de regeneración que deciden en virtud de sus obligaciones legales y todo ello sin perjuicio de la colaboración puntual de la acción pública y sujeta a objetivos conjuntos e integrados. Que su protagonismo se sustancia en dicha aportación y participación obligatoria a la actuación que tendrá como objeto la recuperación física (de edificios y de la urbanización), social, económica y medioambiental del medio urbanizado, que es y deber ser económicamente rentable (viable) cuando capitalicen su inversión (como siempre se ha y hemos hecho todos) y que se distribuyan los costes precisamente en base a ese incremento patrimonial (la distribución de costes de la actuación).

Pero si no hay honestidad desde el principio, lo único que se hace es generar un problema sin solución o incluso agravarlo.