Orbenismo

El pasado día 29 de febrero se publicó la Ley 2/2024, de 15 de febrero, de Infancia y Adolescencia , que como tantas otras disposiciones que ahondan en el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, añaden nuevos objetivos, necesidades y determinaciones de ordenación a nuestros planeamientos. Recordemos que ya el artículo 22 quinquies de Impacto de las normas en la infancia y en la adolescencia de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor estableció que « las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia ». Por tanto, dada la naturaleza reglamentaria de nuestros planes les es de aplicación (venga, que no cuela la teoría de que si no hay trasposición autonómica no es de aplicación). Pues ya tenemos en Euskadi, aunque sea de manera muy laxa la incorporación de las necesidades de la infancia y la adolescenci...

  Dos recientes sentencias del Tribunal Supremo, la  STS 227/2023  sobre una Ordenanza Fiscal por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal y la STS 290/2023 sobre una modificación de las Normas Urbanísticas del PGM que regulan los aparcamientos de Barcelona, nos traen a colación la reflexión sobre los mecanismos y procedimientos de participación pública en la confección de las disposiciones generales de naturaleza reglamentaria. En primer lugar debemos recordar que a día de hoy resulta incuestionado, al menos para el Tribunal Supremo (desde 1968), que todos los planes urbanísticos son disposiciones generales de carácter reglamentario (la  STS 290/2023  reitera el argumento y las consecuencias de omisión de los procedimientos preceptivos, la nulidad de pleno derecho). También, es por todos conocido que nuestro derecho urbanístico está sometido a la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo, el cual establece en su artículo...

¿Cuál es el verdadero debate?