La regeneración urbana en los tejidos productivos de Andalucía

 

Hoy os traemos otro capitulo de uno de nuestros temas más recurrentes, la regeneración urbana, en este caso aplicada a los tejidos productivos.

La regeneración urbana no solo se aplica a los tejidos residenciales sino a todos los tejidos, porque ambos son necesarios e interdependientes. Pero es que además en el caso andaluz concurren una serie de condiciones que la hacen propicia y necesaria.

En Andalucía la cantidad de polígonos y parques empresariales es muy elevada y la gran mayoría son de titularidad privada. Por ello, conscientes de su relevancia económica y social, acometieron el año pasado una reflexión que les condujo a la aprobación de la Ley 4/2025, de 15 de diciembre, de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía.

En el seno de esta ley abordaron la gestión y modernización de los espacios productivos, a los efectos de paliar su pérdida de competitividad y, sobre todo, poner coto al problema que les comienza acechar, la obsolescencia de su urbanización. Para acometer ese problema han decidido crear las Entidad de Gestión y Modernización de los polígonos industriales, los cuales se caracterizan por:

• Realizar el mantenimiento y conservación de las infraestructuras, equipamientos y dotaciones de titularidad privada común:
• Contribuir a la ampliación y mejora de las infraestructuras, dotaciones y servicios en dichos espacios.
• Asumir la gestión parcial o total de los servicios municipales.
• Impulsar la puesta en marcha de infraestructuras y servicios de titularidad privada que mejoren y modernicen el espacio productivo para el uso común de las personas propietarias y arrendatarias integrantes del espacio productivo, incluidas las catalogadas como esenciales, fundamentales o facilitadoras de un entorno adecuado para el desarrollo de la industria.
• Encargarse de la gestión de residuos industriales o comerciales entregados en los puntos limpios industriales, conforme a las normas reguladoras de los mismos.
• Contar con un servicio de seguridad y limpieza.
• Velar por el adecuado uso de la urbanización y el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las personas titulares y ocupantes de los bienes inmuebles.
• Representar y defender los intereses comunes y formalizar convenios de colaboración con las entidades locales u otras Administraciones, pudiendo percibir o gestionar subvenciones destinadas a la gestión o modernización de las infraestructuras, equipamientos, dotaciones o servicios del polígono industrial.
• Poner en conocimiento de la entidad local o competente las propuestas o quejas de las personas propietarias o arrendatarias sobre el funcionamiento de los servicios e infraestructuras del polígono industrial.
• Recopilar y facilitar a las Administraciones local y autonómica la información que soliciten en relación con el espacio productivo.
• Informar periódicamente a la entidad local de las deficiencias observadas en los servicios municipales.
• Facilitar periódicamente la información sobre la disponibilidad de suelo, las fórmulas de acceso a su uso o propiedad, el estado de los servicios e infraestructuras del espacio productivo gestionado y su clasificación.
• Colaborar con la entidad local en la elaboración de los planes de movilidad en relación con los desplazamientos de las personas trabajadoras, los visitantes y personas usuarias, y del tránsito de mercancías y comercial.
• Colaborar con todas las Administraciones públicas en cuanto al ejercicio de las funciones públicas que tengan incidencia en el polígono industrial.
• Analizar la posibilidad de acogerse a programas de ayudas, subvenciones o iniciativas públicas o privadas de impulso de la mejora o desarrollo del polígono industrial.
• Analizar la posibilidad de participar en el Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), disponiendo, en su caso, de la contraprestación recibida para el desarrollo de las funciones de la entidad.
• Promover la mejora en la optimización energética y la participación en sistemas de mercado y de balance de energía, tales como agregadores de demanda o servicios energéticos, que puedan repercutir en la factura energética de los miembros de la entidad u otros recursos para mitigar el impacto del coste de la energía.
• Impulsar medidas relacionadas con la mejora de la sostenibilidad ambiental del espacio productivo, tales como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el fomento de las energías renovables y la adaptación al cambio climático.
• En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, promover el acuerdo para la constitución de un servicio de prevención mancomunado conforme a lo establecido en el Reglamento de los Servicios de Prevención.
• Promover el valor de la seguridad industrial en el polígono industrial a través de actuaciones de coordinación, impulso de iniciativas conjuntas, información y difusión, que promuevan la superación de la normativa de seguridad y de protección por parte de los sujetos obligados.
• Colaborar con las entidades públicas competentes en el fomento de medidas de accesibilidad universal, formación adaptada y acciones positivas para colectivos vulnerables.
• Es obligatoria su constitución y participación en caso de:
• los espacios productivos protegidos,
•  aquellos espacios productivos desarrollados para albergar un proyecto tractor de la industria en Andalucía, y
• cuando lo apoye una mayoría del número de partícipes que represente una mayoría de la cuota de participación (que se fija en función del valor catastral)
• Las entidades públicas que no dispongan de bienes patrimoniales dentro de un polígono industrial y solo tengan adscritos o sean titulares de inmuebles dotacionales o de dominio y uso público no destinados a una explotación u actividad económica privada no se considerarán integrantes obligatorias de la entidad, aunque sí tienen derecho a un representante, con voz pero sin voto.
• Su vigencia es temporal sin que pueda superar los 20 años y su extinción le corresponde al Ayuntamiento.
• Sus actividades se recogen en un plan de actuación, cuyos costes se distribuyen en proporción al coeficiente de participación asignado a las parcelas. Los estatutos podrán recoger reducciones totales o parciales de la cuota para las personas propietarias, o en su caso las arrendatarias, de solares sin edificar, naves sin uso, parcelas destinadas a fines de interés general del área, o de otros inmuebles, derechos reales o personas propietarias que reúnan circunstancias especiales que justifiquen dichas reducciones.
• El plan de actuación puede contemplar infraestructuras o servicios adicionales a los acordados con la correspondiente entidad local, que serán solicitados a esta siempre que así lo acuerde la asamblea general por al menos dos tercios de las personas titulares del espacio productivo que representen al menos dos tercios de los coeficientes de participación.
• La entidad local, si acepta la petición de la entidad de gestión y modernización, puede establecer conforme a la normativa aplicable las tasas o contribuciones especiales que sean necesarias según la naturaleza de las obras o servicios a realizar.
• Las administraciones locales no están obligadas a contribuir a ningún coste o gasto, sin perjuicio de que potestativamente podrán hacerlo vía convenio y añadirse al resto de recursos económicos (aportaciones obligatorias, Las subvenciones, incentivos o ayudas de organismos públicos y/o entidades privadas, créditos, beneficios económicos de la explotación de su patrimonio, ingresos energéticos, las dotaciones para incrementos imprevisibles, así como la cobertura de pérdidas de ingresos derivados del impago o el pago impuntual de las cuotas).

Sin duda estas entidades, sus planes y objetivos se incardinan en la regulación de la regeneración urbana, parece que funcionan y permiten afrontar los retos de los tejidos productivos, conscientes de que el futuro depende de ellos. Sin embargo, resulta llamativo que este enfoque se limite a los polígonos oy parques empresariales y se aplique a todos los entornos necesitados de regeneración.

Un ejemplo muy interesante a seguir.