La participación ciudadana como inversión del sistema de representación democrática

Ahora que están arrancando los procesos de definición de los presupuestos municipales para el año 2024 y donde una de las estrellas serán los “presupuestos participativos”, queremos traer a colación los tan denostados por unos y aplaudidos por otros procesos de participación ciudadana de nuestras disposiciones generales de naturaleza reglamentaria por excelencia, los planes generales de ordenación urbana (art. 108 LvSU).

Quienes hemos tenido que diseñar y afrontar los procesos de participación ciudadana vinculados a los planes de ordenación estructural hemos tenido más de una experiencia descorazonadora, donde rara será la vez que los resultados hayan encajado en alguna de las expectativas, siquiera las procedimentales. Seguramente que habréis tenido la ocasión de observar alguna de las siguientes conductas:

• Quienes van únicamente al “qué hay de lo mío”, de todo orden y color.
• Quienes se sitúan en posiciones maximalistas en los dos sentidos, los hiperdesarrollistas y los que propugnan anular cualquier desarrollo.
• Quienes aprovechan que “el Pisuerga pasa por Valladolid” para traer a colación otras cuestiones que nada tienen que ver con el objeto del proceso, ni del resultado.
• También quienes plantean cuestiones o propuestas ajenas a la competencia municipal, pretendiendo desbordar el proceso.
• Y los partidos políticos que copan las entidades ciudadanas para obtener una fuerza e influencia que las urnas no les dieron.

(Añadir vuestras experiencias que el muestrario es amplio, seguro).

Pensamos que lo más característico de estos procesos es la persecución de beneficios, no necesariamente individuales, pero si para "mi colectivo" sin siquiera plantearse la contribución a los costes de la solución. Hace unos años, la solución recurrente ante las insatisfacciones era manifestarse y es como si se hubiera cambiado la manifestación por apuntarse a los procesos de participación.

En la mayoría de los casos, frente a posibles opiniones y propuestas ciudadanas en materia urbana se sitúan en el plano político de decidir que hay que hacer sobre el dominio público, o lo que es lo mismo, a pretender decidir el gasto e inversiones públicas del Ayuntamiento. Es como si a través de la participación ciudadana se tratase de sustituir al poder representativo electo por un grupo de ciudadanos muy activos, situando la cuestión en un aparente choque de legitimidades y una enmienda a la totalidad del sistema democrático de representación.

Hay que partir de la dificultad que entraña instrumentar la participación ciudadana en el proceso de elaboración del planeamiento general y deberíamos aceptar que la principal utilidad de los procesos de participación es el aprendizaje sobre lo que no da buen resultado en la participación ciudadana en nuestra sociedad para la elaboración de los planes, aunque el experimento no sea con gaseosa sino "en real". La ciudadanía y quienes actuamos como profesionales del urbanismo necesitamos aprender. Tal vez la raíz de las disfunciones radique en una implementación inadecuada de la participación porque se ha incorporado a nuestros procesos de producción de normas copiando miméticamente lo que funciona adecuadamente en sociedades en las que la preocupación por lo común que incluye lo propio está en los genes de la población.

Al menos hay que intentarlo.